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EXP. N° |
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ESP. |
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ESC. N° |
001 |
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DEMANDA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA |
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SEÑOR
JUEZ DEL JUZGADO (…)
(…), con DNI N° 40483366, con domicilio real en (…),
señalando domicilio Procesal en (…), con correo electrónico (…) y con
CASILLA ELECTRONICA N° (…); a usted digo:
I.
DEMANDADO Y DIRECCIÓN
DOMICILIARIA:
MUNICIPALIDAD (…), con RUC N° (…),
a quien se le deberá notificar en su domicilio legal, ubicado en la (…).
II.
EMPLAZAMIENTO:
En defensa de los intereses del Estado, se debe de emplazar con la
presente demanda AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA MUNICIPALIDAD (…), a quien
se deberá de notificar en (…) con CASILLA ELECTRÓNICA SINOE N° (…).
III. PETITORIO:
De conformidad con el
numeral 4 del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que
regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2019-JUS; solicito lo siguiente:
3.1.
Se ORDENE a la
entidad demandada EL CUMPLIMIENTO DE LA
RESOLUCIÓN (…), DE FECHA (…), mediante la cual la
Municipalidad (…) reconoció a favor de la recurrente el derecho al pago de la
deuda generada por concepto de (…), por el monto total de (…).
IV. FUNDAMENTOS DE HECHO:
4.1.
Que, mediante
Resolución (…), de fecha (…), la Municipalidad (…) reconoció expresamente a
favor del recurrente el derecho al pago de la deuda generada por concepto de (…), estableciendo
como monto total adeudado la suma de (…).
4.2.
Que, el referido acto administrativo constituye una
declaración formal de la propia administración respecto de la existencia de una
obligación económica a favor del administrado, encontrándose plenamente
identificados el beneficiario, el concepto reconocido, el período materia de
reconocimiento y el monto exacto de la deuda, por lo que no existe
incertidumbre alguna respecto del contenido de la obligación asumida por la
entidad.
4.3.
Que, conforme al artículo 9 del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27444, los actos administrativos se consideran validos en tanto no
se hayan declarado nulos y producen efectos jurídicos obligatorios desde que
adquieren eficacia, resultandos exigibles tanto para los administrados como
para la propia administración pública que los expidió.
4.4.
Que, a pesar del tiempo transcurrido desde la emisión
de la Resolución (…), la Municipalidad (…) no ha cumplido con efectuar el pago
reconocido, manteniendo una situación de incumplimiento que vulnera los
principios de legalidad, buena administración, seguridad jurídica y confianza
legítima, toda vez que la entidad se encuentra obligada a respetar y ejecutar
sus propios actos administrativos.
4.5.
Que, el incumplimiento descrito no resulta
imputable al demandante, sino que constituye una omisión ilegítima
de la administración, que genera el derecho al pago íntegro de
los beneficios adeudados, en aplicación de los principios de ejecutoriedad,
obligatoriedad y presunción de validez de los actos administrativos, así como del derecho
constitucional a la remuneración justa y oportuna.
4.6.
Que, en consecuencia, la conducta omisiva de la
entidad demandada configura un supuesto de incumplimiento de acto administrativo
firme, lo que habilita la interposición de la presente demanda, a efectos de
que se ordene el reconocimiento, liquidación y pago de los montos
devengados, más los intereses legales, desde la fecha
en que cada pago debió efectuarse hasta su cancelación total.
4.7. Que, pese al
tiempo transcurrido desde la expedición de dicho acto administrativo no se ha
cumplido ejecutar el acto administrativo; por lo que me vi en la imperiosa necesidad de
requerir en pago en sede administrativa, mediante Documento de Fecha Cierta, Número
de Documento (…), recepcionada por la entidad demanda, con fecha (…),
cuyo cargo adjunto a la presente, con el fin de que se cumpla el acto
administrativo dictado en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de
presentado, ello en merito a lo regulado en el numeral 2 del artículo 20° del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 2584, ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 0011-2019-JUS.
4.8. Que, hasta la
actualidad dicho documento tampoco ha sido atendido, es por ello que recurro
ante usted en busca de la Tutela Jurisprudencial efectiva, a fin de que se
disponga que la entidad demandada, cumpla con el acto administrativo, contenido
en la Resolución Gerencial Municipal N° 481-2022-MPP/GM, de fecha 23 de
diciembre de 2022.
4.9. Que, corresponde
precisar que el acto administrativo cuyo cumplimiento se solicita reúne de
manera concurrente y satisfactoria todos los presupuestos exigidos en la
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N°
0168-2005-PC/TC, en tanto contiene un mandato vigente, cierto y claro,
que no se encuentra sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones
dispares, y que reconoce un derecho ineludible y de obligatorio
cumplimiento. Tal
como se desarrolla a continuación:
a)
Mandato vigente: La Resolución (…), constituye un acto
administrativo plenamente vigente, por cuanto no ha sido dejado sin efecto,
modificado, suspendido ni declarado nulo por autoridad competente. En
consecuencia, mantiene íntegramente su eficacia jurídica y continúa produciendo
todos sus efectos legales, resultando obligatorio para la propia entidad que la
emitió. Conforme al principio de presunción de validez recogido en el artículo
9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, todo acto administrativo se
presume válido mientras su nulidad no haya sido declarada conforme a ley.
b)
Mandato cierto y claro: El acto
administrativo contiene una obligación perfectamente determinada, sin
ambigüedades ni incertidumbres. En efecto, la Resolución (…) identifica
expresamente al beneficiario, determina el concepto reconocido —bonificación
diferencial mensual por desempeño de cargo en condiciones excepcionales
respecto del servicio común—, establece el período materia de reconocimiento y
fija de manera exacta el monto adeudado ascendente a (…). Por tanto, el
contenido del mandato resulta objetivo, preciso y plenamente identificable, sin
requerir interpretaciones adicionales para su ejecución.
c)
Mandato no sujeto a controversia compleja ni a
interpretaciones dispares: La controversia no versa sobre la existencia del
derecho ni sobre el monto reconocido, toda vez que ambos aspectos han sido
previamente determinados por la propia Municipalidad (…) mediante acto
administrativo firme. La entidad demandada reconoció expresamente la deuda a
favor de la recurrente, por lo que no existe discusión jurídica compleja que
requiera actividad probatoria extensa o interpretación especializada. Lo único
pendiente es la ejecución material del acto administrativo emitido por la
propia administración.
d)
Mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento: La obligación
contenida en la resolución materia de autos no constituye una facultad
discrecional de la administración, sino un deber jurídico concreto e
imperativo. Una vez reconocido el derecho mediante acto administrativo firme,
la entidad se encuentra obligada a adoptar las acciones necesarias para su
cumplimiento efectivo. En tal sentido, la Municipalidad (…) no puede sustraerse
arbitrariamente al cumplimiento de una obligación que ella misma ha reconocido
formalmente, pues ello implicaría desconocer el principio de legalidad y
vulnerar la seguridad jurídica del administrado.
e)
Mandato incondicional: La obligación
reconocida no se encuentra supeditada al cumplimiento de condición alguna ni a
la ocurrencia de hechos futuros e inciertos. La resolución administrativa no
establece requisitos adicionales para la exigibilidad del pago ni condiciona su
ejecución a procedimientos posteriores. Por el contrario, reconoce de manera
directa e inmediata la existencia de una deuda determinada, razón por la cual
el derecho resulta plenamente exigible.
f)
Acto administrativo firme: La Resolución (…)
adquirió firmeza al no haber sido impugnada dentro de los plazos legalmente
establecidos ni haberse declarado su nulidad por autoridad competente. En
consecuencia, constituye un acto administrativo definitivo que forma parte del
ordenamiento jurídico y que genera derechos subjetivos a favor de la
recurrente, los cuales deben ser respetados y ejecutados por la propia
administración.
g)
Reconocimiento de un derecho incuestionable del
administrado:
La resolución administrativa contiene el reconocimiento expreso de un derecho
patrimonial a favor de la recurrente, derivado de la bonificación diferencial
mensual por desempeño de cargo en condiciones excepcionales respecto del
servicio común. Dicho reconocimiento constituye una declaración unilateral de
la administración sobre la existencia de una obligación económica determinada,
por lo que no corresponde volver a discutir la procedencia del derecho ya
reconocido, sino únicamente exigir su cumplimiento efectivo.
h)
Renuencia de la administración al cumplimiento del
mandato: Conforme
se acredita con el Documento de Fecha Cierta N° (…), presentado ante la
Municipalidad (…) con fecha (…), la recurrente requirió formalmente el
cumplimiento del acto administrativo y otorgó el plazo previsto en el numeral 2
del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Sin embargo, pese
al requerimiento efectuado y al tiempo transcurrido, la entidad demandada ha
persistido en su incumplimiento, configurándose de manera evidente la renuencia
administrativa exigida por la ley para la procedencia de la presente demanda.
Por las razones expuestas, queda
acreditado que la Resolución (…) contiene un mandato vigente, cierto, claro,
exigible, obligatorio e incondicional, respecto del cual la entidad demandada
ha mostrado una conducta renuente a su cumplimiento, satisfaciéndose plenamente
los presupuestos establecidos por el Tribunal Constitucional para la
procedencia de la presente acción de cumplimiento de acto administrativo.
4.10. Que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 25° del Texto Único Ordenado de
la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la
presente demanda debe tramitarse en la vía del proceso urgente, en la
medida que la pretensión incoada se subsume plenamente en el supuesto previsto
en el numeral 2 del citado dispositivo legal, referido al cumplimiento por
parte de la administración de una actuación a la que se encuentra obligada en
virtud de un acto administrativo firme.
4.11. Que, en efecto,
en el presente caso se pretende el cumplimiento de la Resolución (…), la cual
constituye un acto administrativo firme, válido y eficaz, que contiene un
mandato expreso de otorgamiento de derechos de naturaleza remunerativa a favor
del demandante. No obstante, pese a su carácter obligatorio, la entidad
demandada ha incurrido en un incumplimiento injustificado y prolongado,
configurándose así el supuesto habilitante del proceso urgente.
4.12. Que, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley N°
27584, corresponde verificar la concurrencia de los requisitos exigidos para la
procedencia de la vía del proceso urgente, los cuales se cumplen plenamente en
el presente caso:
a)
Sobre la existencia de un interés tutelable cierto y
manifiesto:
El interés cuya tutela se pretende es cierto, actual, concreto y
plenamente acreditado, por cuanto se encuentra sustentado en un acto
administrativo firme emitido por la propia entidad demandada. En efecto,
mediante Resolución Gerencial (…), la Municipalidad (…) reconoció expresamente
a favor de la demandante el derecho al pago de la deuda generada por concepto
de (…), estableciendo además el monto exacto de la obligación ascendente a (…).
En consecuencia,
la existencia del derecho reclamado no constituye una mera expectativa ni una
pretensión sujeta a determinación posterior, sino un derecho plenamente
reconocido por la propia administración mediante un acto administrativo válido,
eficaz y firme. No existe controversia respecto de la identidad del
beneficiario, del concepto reconocido, del período comprendido ni del monto
adeudado, encontrándose todos estos elementos plenamente determinados por la
entidad demandada.
Asimismo, debe
tenerse presente que los actos administrativos válidamente emitidos gozan de
presunción de validez y producen efectos jurídicos obligatorios mientras no
sean declarados nulos conforme a ley. Por ello, el derecho reconocido mediante
la Resolución (…) constituye un derecho subjetivo consolidado, cuya
exigibilidad es inmediata y cuyo cumplimiento no puede quedar librado a la
discrecionalidad de la administración.
b)
Sobre la necesidad impostergable de
tutela:
La
tutela jurisdiccional requerida resulta impostergable debido a que la entidad
demandada mantiene una conducta omisiva persistente respecto del cumplimiento
de una obligación económica reconocida formalmente mediante acto administrativo
firme.
Debe
considerarse que la resolución materia de cumplimiento fue emitida con fecha (…),
habiendo transcurrido un tiempo considerable sin que la Municipalidad (…)
adopte las medidas necesarias para ejecutar el acto administrativo y hacer
efectivo el pago reconocido. Esta situación evidencia una prolongada
inactividad administrativa que viene afectando de manera continua el patrimonio
de la demandante.
La
demora injustificada en la ejecución del acto administrativo no solo implica el
incumplimiento de una obligación legalmente reconocida, sino que además genera
una afectación económica permanente, privando a la demandante del disfrute
efectivo de recursos que le pertenecen y que fueron expresamente reconocidos
por la propia administración. Cada día de retraso en el cumplimiento del acto
administrativo incrementa el perjuicio ocasionado, prolongando una situación
contraria a los principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe
administrativa y confianza legítima.
Asimismo,
debe tenerse presente que el ordenamiento jurídico no puede amparar que la
administración reconozca formalmente una obligación económica y posteriormente
mantenga indefinidamente su incumplimiento, pues ello vaciaría de contenido la
eficacia de los actos administrativos y vulneraría el derecho fundamental a la
tutela jurisdiccional efectiva. Por tal razón, resulta necesaria una
intervención jurisdiccional inmediata que restablezca el orden jurídico
afectado y garantice la ejecución efectiva del acto administrativo.
c)
Sobre la existencia de una única vía
eficaz para la tutela del derecho invocado:
La vía
del proceso urgente constituye la única vía idónea y eficaz para obtener la
satisfacción efectiva del derecho reclamado.
En
primer lugar, la demandante cumplió con agotar el requisito de requerimiento
previo previsto por la ley, presentando ante la entidad demandada el Documento
de Fecha Cierta N° (…), recepcionado con fecha (…), mediante el cual solicitó
el cumplimiento de la Resolución (…). Sin embargo, pese al tiempo transcurrido,
la Municipalidad (…) no ha cumplido con ejecutar el acto administrativo ni ha
emitido pronunciamiento alguno respecto de dicho requerimiento.
Esta
conducta evidencia una situación de renuencia administrativa que demuestra la
inutilidad de cualquier gestión adicional en sede administrativa. En tales
circunstancias, no existe otro mecanismo igualmente eficaz que permita obtener
el cumplimiento oportuno del acto administrativo firme.
Por
otro lado, la presente controversia no puede ser planteada mediante el proceso
constitucional de cumplimiento regulado en el artículo 65° del Nuevo Código
Procesal Constitucional, aprobado por Ley N° 31307, debido a que dicha norma
excluye expresamente de su ámbito de protección los actos administrativos que
contengan el reconocimiento o pago de devengados. En el presente caso, la
Resolución (…) reconoce una obligación económica devengada a favor de la
demandante, razón por la cual la vía constitucional resulta legalmente
improcedente.
De
igual manera, la tramitación de la controversia mediante una vía procedimental
de mayor duración resultaría incompatible con la necesidad de obtener una
tutela efectiva y oportuna, pues implicaría someter a la demandante a una
espera irrazonable pese a contar con un acto administrativo firme que reconoce
expresamente su derecho. Por ello, la vía urgente regulada por el artículo 25°
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 constituye el mecanismo procesal
más adecuado para garantizar la eficacia práctica del derecho reconocido.
4.13. Que,
en consecuencia, encontrándose acreditado que la presente pretensión tiene por
objeto el cumplimiento de una actuación administrativa firme, conforme al
numeral 2 del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y
verificándose de manera concurrente la existencia de un interés tutelable
cierto y manifiesto, una necesidad impostergable de tutela y la inexistencia de
otra vía igualmente eficaz para la protección del derecho invocado, corresponde
que la presente demanda sea admitida y tramitada en la vía del proceso urgente,
garantizando de esta manera una tutela jurisdiccional efectiva, célere y acorde
con la naturaleza del derecho reconocido por la propia administración.
V.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
5.1. Numeral 4 del artículo 5° del Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el proceso contencioso administrativo,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, a través del cual se establece la
posibilidad de ordenar el cumplimiento de actos administrativos firmes.
5.2. Numeral 2 del
artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 2584, ley que regula el
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N°
0011-2019-JUS, en el cual se precisa que se debe realzar un requerimiento
previo a la entidad.
5.3. CODIGO PROCESAL CIVIL, en lo que fuera pertinente,
esto debido a que regula supletoriamente al proceso contencioso administrativo.
VI. MONTO DEL PETITORIO:
EL monto total del petitorio es de (…).
VII.
VIA PROCEDIMENTAL:
La presente demanda se tramitará en la vía del
PROCESO URGENTE, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, siendo competente el Juez
Especializado en lo laboral, en la subespecialidad Contencioso Administrativa.
VIII. MEDIOS PROBATORIOS:
5.1.
Resolución (…), a fin de acreditar el
reconocimiento del derecho reclamado por parte de la administración pública.
5.2.
Cargo de recepción, solicitud y anexos del
requerimiento de cumplimiento de resolución directoral, presentado ante la Municipalidad (…), con fecha (…), con la finalidad de demostrar haber cumplido con el
requisito establecido en el artículo 20° de la Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo.
VI. ANEXOS
6.1. Copia de DNI.
6.2.
Resolución (…).
6.3.
Cargo de recepción, solicitud y anexos del
requerimiento de cumplimiento.
PRIMER
OTROSÍ DIGO: OTORGAMIENTO DE FACULTADES
GENERALES DE REPRESENTACIÓN. De conformidad con el artículo 80° del Código
Procesal Civil otorgamos las facultades generales de representación contenidas
en el artículo 74° del acotado cuerpo de leyes a favor del abogado (…),
con CALL N° (…), dejando expresamente establecido que se encuentra
perfectamente instruido de los alcances de la representación que otorgo. En
cuanto al domicilio del representado requisito para la representación judicial
por abogado, señalo que se encuentra indicado en la parte introductoria de la
presente demanda.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Usted Señor Juez, declarar
FUNDADA oportunamente en todos sus extremos, por tratarse de derechos
sociales y constitucionalmente reconocidos conforme a ley.
(…),
(…) de (…).
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